La Justicia identificó a un nuevo grupo de estudiantes vinculados a los mensajes que generaron pánico en la provincia. Sus padres podrían enfrentar sanciones civiles por los daños causados.
La investigación por las amenazas de tiroteos y ataques en establecimientos educativos de Córdoba sumó nuevos nombres. El Ministerio Público Fiscal confirmó que ya son ocho los adolescentes imputados por el delito de «intimidación pública», tras una serie de allanamientos donde se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Los peritajes de la división de Cibercrimen fueron clave para rastrear las direcciones IP desde donde se originaron las publicaciones en redes sociales.
A pesar de que muchos de los involucrados alegaron que se trataba de una «broma entre compañeros», los fiscales advierten que la figura penal es grave, ya que provocó la movilización de recursos policiales y un clima de angustia social. Además de la causa penal que enfrentan los menores, la justicia analiza la responsabilidad civil de los padres, quienes podrían ser obligados a costear los gastos de los operativos de seguridad desplegados innecesariamente.
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