El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, impulsó un nuevo marco normativo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. La medida elimina las certificaciones diferenciadas para estudiantes con discapacidad que cursan en escuelas comunes y establece que los establecimientos donde estudian serán responsables de acreditar formalmente su egreso y titulación.

La iniciativa busca fortalecer la inclusión educativa en todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas. Además, establece criterios para garantizar los apoyos pedagógicos necesarios, facilitar la continuidad de los estudios y mejorar las oportunidades de formación de los alumnos, independientemente de su condición.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida destinada a fortalecer la educación inclusiva en Argentina. A través del Ministerio de Capital Humano, se aprobó un nuevo marco normativo para la Modalidad de Educación Especial, que busca garantizar mejores condiciones de aprendizaje, permanencia y finalización de los estudios para estudiantes con discapacidad.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la asamblea N.º 157 del Consejo Federal de Educación, realizada el 6 de noviembre en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación. El encuentro reunió a los ministros de Educación de las provincias, quienes acompañaron la actualización de los criterios que deberán orientar las trayectorias escolares de los alumnos.

Uno de los principales cambios establece la eliminación definitiva de las certificaciones diferenciadas para estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes. De esta manera, la institución educativa donde cada alumno curse sus estudios será responsable de acreditar formalmente su egreso y otorgar la titulación correspondiente, con los ajustes y apoyos pedagógicos necesarios.

La medida actualiza y profundiza los criterios establecidos por la Resolución 311/2016, que ya reconocía el derecho de los estudiantes con discapacidad a recibir títulos y certificados de estudios. El nuevo marco busca unificar su aplicación en las distintas jurisdicciones y evitar diferencias en los procedimientos de acreditación escolar.

Además, la normativa promueve un mayor trabajo conjunto entre docentes, equipos de orientación, instituciones educativas y otros sectores involucrados en el acompañamiento de los estudiantes. El objetivo es que las escuelas puedan identificar las barreras que dificultan el aprendizaje y ofrecer herramientas adaptadas a las necesidades de cada alumno.

Desde Capital Humano también destacaron la importancia de actualizar las regulaciones provinciales de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa alcanza tanto a establecimientos de gestión estatal como privada y busca fortalecer la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo.

Durante la misma reunión, el Consejo Federal de Educación aprobó otras medidas, entre ellas los lineamientos para garantizar un mínimo de 190 días de clase durante 2027 y la continuidad del programa de jornada escolar extendida, con especial atención a los aprendizajes de Lengua y Matemática.

Con la aprobación de este nuevo marco, el Gobierno nacional y las provincias establecieron criterios comunes para avanzar hacia una educación más inclusiva. El desafío será trasladar las disposiciones a las escuelas y asegurar que los estudiantes con discapacidad cuenten efectivamente con los apoyos necesarios para aprender, completar sus estudios y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

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