El senador provincial Pablo Petrecca cuestionó la demora en el tratamiento de una iniciativa presentada en abril para restringir el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias de Buenos Aires y establecer un sistema de comunicaciones supervisado por el Estado. La propuesta busca impedir que los internos utilicen dispositivos para organizar estafas, amenazas y extorsiones desde los establecimientos carcelarios.
El reclamo cobró fuerza tras nuevas investigaciones en la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Junín, donde se secuestraron celulares presuntamente utilizados para cometer delitos. Entre los antecedentes aparecen una extorsión por casi un millón de pesos y una organización que utilizaba identidades de personas conocidas para estafar a comerciantes. Mientras el proyecto continúa sin tratamiento confirmado, el caso reabre el debate sobre los controles penitenciarios del Gobierno de Axel Kicillof y las medidas para combatir el crimen organizado.
El senador bonaerense Pablo Petrecca volvió a cuestionar la demora en el tratamiento de un proyecto de ley destinado a controlar el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue presentada el 1 de abril de 2026 y propone reemplazar el uso libre de dispositivos por un sistema de comunicaciones supervisado por las autoridades penitenciarias.
Sin embargo, más de seis meses después, el proyecto continúa sin avances registrados en las comisiones del Senado provincial.
Según el <a href=»https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Expediente.aspx?id=129194«>registro oficial de la Legislatura bonaerense</a>, el expediente E-121/2026-2027 permanece en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos desde el 30 de junio.
La demora se produce mientras distintas investigaciones judiciales siguen detectando presuntas maniobras delictivas organizadas desde establecimientos penitenciarios bonaerenses.
Un proyecto para impedir que los presos organicen delitos desde las cárceles
La propuesta de Petrecca busca crear el Sistema de Comunicación Digital Supervisada, un mecanismo que permitiría a las personas privadas de su libertad mantener contacto con sus familiares y abogados, pero mediante canales controlados por el Estado.
El objetivo es evitar que los dispositivos sean utilizados para cometer delitos desde los establecimientos penitenciarios.
Actualmente, el acceso a teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses sigue siendo motivo de debate por las dificultades para controlar las comunicaciones y prevenir su utilización en estafas y extorsiones.
De acuerdo con lo informado por <a href=»https://www.junindigital.com/politica/2026-4-1-8-38-0-petrecca-se-suma-a-la-propuesta-de-malena-galmarini-para-prohibir-el-uso-de-celulares-en-carceles«>Junín Digital</a>, el legislador presentó su iniciativa con la intención de establecer reglas más estrictas y un sistema institucional de comunicaciones.
La discusión también involucra a otros espacios políticos. La senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador, impulsó una propuesta relacionada con la restricción de celulares y la instalación de inhibidores de señal en las cárceles.
Extorsionaron a un vecino de Junín y le sacaron casi un millón de pesos
Uno de los casos que expuso el problema ocurrió en junio de 2026.
Un vecino de Junín denunció que comenzó a recibir amenazas después de ingresar a una página de citas y terminó transfiriendo cerca de un millón de pesos a los extorsionadores.
Los delincuentes lo intimidaban mediante llamadas y mensajes, utilizando información personal para presionarlo.
La investigación permitió determinar que las comunicaciones se originaban desde la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Junín.
Según informó <a href=»https://tn.com.ar/policiales/2026/06/08/entro-a-una-pagina-de-citas-lo-extorsionaron-y-le-quitaron-casi-1-millon-la-banda-operaba-desde-una-carcel/«>TN</a>, la causa estuvo a cargo de la fiscal Vanina Lisazo y derivó en allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares considerados importantes para la investigación.
El episodio demostró cómo una persona que ya se encontraba privada de su libertad podía estar vinculada con nuevas maniobras delictivas contra ciudadanos fuera de la cárcel.
También utilizaron la identidad de Petrecca para estafar comerciantes
Otro antecedente ocurrió en abril, cuando una investigación permitió desarticular una organización que habría operado desde las unidades penitenciarias 13 y 16 de Junín.
Según publicó <a href=»https://semanariodejunin.com.ar/nota/69820/desbaratan-una-banda-que-usaba-la-imagen-de-petrecca-para-cometer-estafas-telefonicas/«>Semanario de Junín</a>, los sospechosos se hacían pasar por personas conocidas de distintas localidades para engañar a comerciantes.
En algunos casos utilizaron incluso la identidad del propio Pablo Petrecca.
La organización habría realizado maniobras en Junín, Chacabuco, Los Toldos y Pergamino.
Los investigadores detectaron que los presuntos responsables contactaban comercios, realizaban pedidos de mercadería y coordinaban su retiro mediante cómplices que se encontraban fuera de los establecimientos penitenciarios.
La causa derivó en allanamientos y permitió identificar parte de la estructura utilizada para concretar las operaciones.
Una nueva denuncia volvió a poner el problema sobre la mesa
En septiembre se conoció otro caso de presunta extorsión relacionado con la Unidad Penitenciaria N.º 16.
Un hombre de 59 años denunció que había sido engañado a través de redes sociales y posteriormente amenazado para exigirle dinero.
La investigación determinó que uno de los sospechosos se encontraba detenido en la cárcel de Junín.
Según <a href=»https://www.junindigital.com/policiales/2026-9-23-17-11-0-sex-extorsion-en-junin-allanaron-una-vivienda-y-la-up-16-por-un-caso-de-chantaje«>Junín Digital</a>, los procedimientos permitieron secuestrar un teléfono celular que habría sido utilizado en la maniobra.
Tras conocerse el episodio, Petrecca volvió a reclamar el tratamiento legislativo de su iniciativa.
El senador cuestionó que continuaran registrándose denuncias sobre delitos presuntamente organizados desde establecimientos penitenciarios mientras su proyecto permanecía pendiente.
El debate sobre los controles en las cárceles de Kicillof
Las unidades penitenciarias bonaerenses dependen del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.
Por eso, la regulación de las comunicaciones y las medidas de prevención del delito dentro de esos establecimientos forman parte de las responsabilidades de las autoridades bonaerenses.
Los casos investigados en Junín muestran las dificultades que existen para impedir que se utilicen teléfonos celulares con fines delictivos desde el interior de las cárceles.
Al mismo tiempo, el proyecto de Petrecca todavía necesita avanzar en el Senado para que pueda debatirse, recibir modificaciones y eventualmente convertirse en ley.
La ausencia de tratamiento legislativo no significa que todas las fuerzas políticas rechacen la regulación, pero sí mantiene pendiente una discusión sobre nuevas herramientas de control.
Mientras continúan las investigaciones por estafas, amenazas y extorsiones vinculadas con internos, el debate sobre cómo controlar las comunicaciones en las cárceles bonaerenses sigue sin una resolución legislativa.
El desafío para las autoridades provinciales será garantizar el derecho de comunicación de las personas detenidas sin permitir que los dispositivos se conviertan en herramientas para cometer nuevos delitos contra la población.
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