En una entrevista con La Nación Más, Fernando Soto, asesor de Patricia Bullrich, cuestionó la postura de Unión por la Patria frente a iniciativas como la ampliación del registro genético de delincuentes, la Ley Antimafia, el juicio en ausencia y la reforma del régimen penal juvenil. Según sostuvo, el espacio opositor rechaza propuestas destinadas a fortalecer la investigación criminal, mejorar la coordinación judicial y combatir la reincidencia.
Soto aseguró que detrás de esos rechazos existe una posición política que prioriza la confrontación con el Gobierno por encima de los acuerdos en materia de seguridad. “Simplemente es no, no quieren hablar nada, se oponen a todo cerradamente”, afirmó, y sostuvo que esa actitud también dificulta la coordinación de políticas de seguridad. El asesor planteó que el debate no se limita a los recursos disponibles, sino que responde a diferencias ideológicas sobre el tratamiento del delito y la protección de las víctimas.
El debate sobre la seguridad volvió a generar un fuerte cruce político luego de que Fernando Soto, asesor de Patricia Bullrich, cuestionara la actuación parlamentaria de Unión por la Patria frente a distintas iniciativas destinadas a modificar el sistema penal argentino.
Durante una entrevista con La Nación Más, Soto enumeró proyectos impulsados por el Gobierno nacional que, según sostuvo, encontraron una resistencia sistemática por parte del kirchnerismo.
Entre las iniciativas mencionadas aparecen la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el juicio en ausencia, la Ley Antimafia, las modificaciones sobre reincidencia y la reforma del régimen penal juvenil.
El asesor consideró que los rechazos no responden únicamente a diferencias técnicas o presupuestarias, sino a una posición ideológica respecto de las políticas de seguridad.
“Simplemente es no, no quieren hablar nada, se oponen a todo cerradamente”, afirmó al describir las negociaciones legislativas con Unión por la Patria.
Registro genético: una herramienta para identificar sospechosos mediante ADN
Uno de los principales puntos mencionados por Soto fue la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad permitió extender el alcance del sistema, que originalmente estaba limitado a delitos contra la integridad sexual.
La reforma busca que los perfiles genéticos puedan utilizarse en investigaciones vinculadas con otros delitos, permitiendo comparar muestras biológicas obtenidas en escenas del crimen con registros existentes, siempre bajo los requisitos y procedimientos legales aplicables.
Durante la entrevista, Soto explicó la utilidad práctica de esta herramienta para la identificación criminal.
Según señaló, el objetivo es que las fuerzas de seguridad y los investigadores judiciales puedan obtener una muestra mediante un hisopo en el lugar del hecho y utilizarla para establecer posibles coincidencias genéticas.
El 14 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones.
La mayoría de los diputados de Unión por la Patria votó en contra de la propuesta general, aunque el tratamiento particular registró diferentes posiciones y apoyos a determinados artículos.
Para Soto, este episodio constituye un ejemplo de las diferencias entre el oficialismo y la principal fuerza opositora sobre las herramientas de investigación criminal.
Juicio en ausencia: el mecanismo que permite avanzar en la causa AMIA
Otro de los proyectos destacados durante la entrevista fue la incorporación del juicio en ausencia al sistema procesal argentino.
La Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025, estableció la posibilidad de desarrollar procesos judiciales contra determinados imputados declarados rebeldes, bajo condiciones específicas y en causas comprendidas por la normativa.
La medida adquiere particular importancia para la investigación del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 personas asesinadas.
En abril de 2025, la Unidad Fiscal AMIA solicitó la aplicación del nuevo mecanismo para avanzar en el proceso contra diez acusados que permanecían prófugos de la Justicia argentina.
La legislación contempla garantías procesales y supuestos de procedencia determinados, por lo que no habilita automáticamente juicios sin la presencia de los acusados en cualquier tipo de delito.
Durante la entrevista, Soto vinculó el rechazo opositor a esta herramienta con lo que describió como una resistencia a acompañar medidas presentadas por el Gobierno.
El debate legislativo, sin embargo, también incluyó discusiones jurídicas sobre el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que deben respetarse durante estos procedimientos.
La Ley Antimafia y la coordinación contra el crimen organizado
El asesor también se refirió a la Ley Antimafia, una iniciativa diseñada para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales.
Uno de sus objetivos es mejorar la actuación coordinada de las autoridades que intervienen en investigaciones complejas, especialmente cuando las actividades delictivas superan los límites de una jurisdicción.
Soto sostuvo que una de las dificultades históricas del sistema argentino es la fragmentación de las investigaciones entre distintas fiscalías y autoridades judiciales.
En ese contexto, señaló que la falta de coordinación puede generar controversias de competencia y demoras que dificultan el avance de las causas.
El asesor defendió la necesidad de contar con instrumentos que permitan una actuación más integrada frente a organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.
También cuestionó la posición de quienes rechazaron la iniciativa, al considerar que el Estado necesita una estructura de cooperación capaz de responder a delitos que involucran diferentes provincias y jurisdicciones.
Régimen penal juvenil y reincidencia: otros ejes del debate
Las modificaciones relacionadas con la responsabilidad penal de los menores y el tratamiento de la reincidencia también formaron parte de las críticas de Soto.
En el caso del régimen penal juvenil, el debate gira alrededor de la edad de responsabilidad penal, las consecuencias jurídicas previstas para adolescentes que cometen delitos y los mecanismos de reinserción social.
Por su parte, las iniciativas relacionadas con la reincidencia buscan revisar determinados criterios utilizados por la Justicia para evaluar antecedentes penales y reiteración de conductas delictivas.
Soto presentó ambas discusiones como parte de una agenda más amplia del Gobierno nacional para modificar el funcionamiento del sistema penal.
Sin embargo, los proyectos involucran debates jurídicos distintos y las posiciones parlamentarias no pueden resumirse exclusivamente en una única votación.
Soto acusó a Unión por la Patria de rechazar las iniciativas por su origen político
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista se produjo cuando el asesor describió sus experiencias de negociación con legisladores de la oposición.
Soto sostuvo que, mientras algunos diputados de distintos espacios realizaron observaciones técnicas y propuestas de modificación, las conversaciones con representantes de Unión por la Patria estuvieron caracterizadas por una oposición general a las iniciativas del Gobierno.
“Cuando hablás con Unión por la Patria, del peronismo, simplemente es no”, afirmó.
Ante la consulta sobre si todos los legisladores del bloque mantenían la misma posición, Soto aclaró que existían diferencias internas.
“No todos piensan igual. Pero hay un verticalismo que deja muy poco margen a los que piensan distinto”, sostuvo.
El asesor también cuestionó lo que considera una perspectiva política que coloca el foco en los derechos de los acusados y presta insuficiente atención a las víctimas de delitos.
Estas declaraciones expresan su interpretación sobre la conducta del espacio opositor y no constituyen una conclusión judicial ni una constatación de las motivaciones individuales de sus legisladores.
La seguridad, un nuevo punto de confrontación entre el Gobierno y el kirchnerismo
Las declaraciones de Fernando Soto se incorporan a una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Justicia penal, las herramientas de investigación criminal y la capacidad del Estado para combatir organizaciones delictivas.
Desde el Gobierno nacional se impulsaron distintas modificaciones legislativas orientadas a ampliar los mecanismos de identificación, agilizar procedimientos y fortalecer las respuestas frente a delitos complejos.
Unión por la Patria, por su parte, mantuvo posiciones críticas frente a distintas reformas y cuestionó aspectos de su alcance, sus garantías procesales y su implementación.
Las votaciones legislativas muestran rechazos relevantes del espacio opositor, aunque también existieron diferencias entre iniciativas y respaldos a artículos específicos.
Para Soto, la principal dificultad es alcanzar acuerdos políticos que permitan sostener una estrategia de seguridad con continuidad.
En el cierre de la entrevista, el asesor sostuvo que detrás de las diferencias existe una discusión de fondo sobre la manera en que el Estado debe responder al delito.
“De modo que no son los recursos, es una ideología y una hipocresía también”, afirmó.
Sus declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la relación entre oficialismo y oposición, la posibilidad de construir acuerdos legislativos y el alcance de las reformas necesarias para enfrentar la criminalidad en la Argentina.
Entrevista de Fernando Soto en La Nación Más: transcripción proporcionada, utilizada para las declaraciones textuales y las referencias al intercambio con la entrevistadora.
Cámara de Diputados — Votación general del Registro Nacional de Datos Genéticos. Resultado oficial: 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones.
Voto Electrónico
Cámara de Diputados — Votación particular del artículo 4 del registro genético. Permite comprobar los apoyos opositores a disposiciones específicas.
Voto Electrónico
Ministerio de Seguridad — Alcance de la ampliación del registro genético. Explica el uso de perfiles de ADN en investigaciones criminales.
Argentina.gob.ar
Ley 27.784 — Texto oficial del juicio en ausencia. Regula los requisitos y el alcance del procedimiento.
Argentina.gob.ar
Ministerio Público Fiscal — Solicitud de juicio en ausencia para diez imputados por AMIA. Documento del 8 de abril de 2025.
Fiscales
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