La ofensiva legal y diplomática argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion coincidió con la retirada de importantes compañías internacionales de servicios, entre ellas Halliburton, SLB y Baker Hughes. Rockhopper y su socia Navitas reconocieron que deben reemplazar a dos contratistas vinculados al proyecto, mientras enfrentan mayores dificultades para avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas disputadas de Malvinas.
Entre el 2 de septiembre y el 8 de octubre, las acciones de Rockhopper acumularon una caída cercana al 40% en la Bolsa de Londres, equivalente a una pérdida estimada de USD 450 millones de capitalización bursátil, aunque posteriormente recuperaron parte de su valor. La compañía reconoció los riesgos asociados a las sanciones argentinas y advirtió sobre posibles complicaciones para conseguir contratistas alternativos, mientras el Gobierno de Javier Milei intensifica sus acciones para impedir la explotación petrolera sin autorización argentina.
La disputa por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas comenzó a reflejarse también en las decisiones de grandes empresas internacionales y en la evolución bursátil de Rockhopper Exploration, una de las compañías involucradas en el desarrollo del proyecto Sea Lion.
Mientras el Gobierno de Javier Milei intensifica sus medidas legales y diplomáticas para impedir la extracción de hidrocarburos sin autorización argentina, la petrolera británica enfrenta la necesidad de sustituir contratistas y una marcada pérdida de valor en la Bolsa de Londres.
El 5 de octubre, Rockhopper publicó una comunicación de su socia y operadora del proyecto, Navitas Petroleum, en la que reconoció que la Argentina continuaba desarrollando acciones para imponer sanciones a las compañías involucradas en la explotación petrolera del archipiélago.
En ese mismo documento, la empresa confirmó que estaba tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que habían incumplido sus compromisos con el proyecto.
La situación representa una dificultad para el desarrollo de Sea Lion, cuya ejecución requiere servicios especializados, equipamiento de perforación, infraestructura submarina y asistencia técnica de empresas internacionales.
Rockhopper llegó a perder casi el 40% de su cotización bursátil
Uno de los datos más significativos se produjo en los mercados financieros.
El 2 de septiembre de 2026, las acciones de Rockhopper cotizaban a 80 peniques en la Bolsa de Londres. Para el 8 de octubre, el precio había descendido a 48,05 peniques por acción.
La diferencia representa una caída acumulada del 39,9% en poco más de un mes.
Tomando como referencia la cantidad aproximada de acciones en circulación, el descenso equivalió a una reducción estimada de USD 450 millones en su capitalización bursátil.
El retroceso incluyó una jornada particularmente negativa el 5 de octubre, cuando los títulos pasaron de 60,70 a 51,50 peniques, con una caída del 15,16% respecto del cierre anterior.
La empresa recuperó parcialmente su cotización en las jornadas posteriores: el 13 de octubre cerró a 52,60 peniques, aunque todavía acumulaba una pérdida del 34,3% frente al 2 de septiembre.
Estos movimientos reflejan una disminución del valor de mercado atribuido por los inversores a la compañía. No constituyen pérdidas contables de igual magnitud ni permiten atribuir toda la variación a una única causa.
Empresas internacionales se mantienen al margen del proyecto Sea Lion
La presión argentina también alcanzó a compañías que prestan servicios especializados a la industria petrolera.
Entre las empresas que comunicaron que no participarían en actividades hidrocarburíferas en Malvinas figuran Halliburton, SLB y Baker Hughes, tres de las principales firmas internacionales del sector.
Su decisión adquiere relevancia porque el desarrollo de yacimientos marítimos requiere tecnología y servicios de alta complejidad, especialmente para perforaciones, control de pozos, estudios geológicos y operaciones submarinas.
Sin embargo, es importante distinguir entre empresas que anunciaron que no participarían y contratistas que ya tenían compromisos específicos con el proyecto.
En su comunicación del 5 de octubre, Navitas confirmó expresamente la necesidad de sustituir a dos contratistas, pero no identificó públicamente a todos los involucrados ni precisó el impacto económico de esos reemplazos.
Tampoco informó que las nuevas contrataciones fueran necesariamente más costosas o menos eficientes.
La necesidad de encontrar proveedores alternativos introduce, no obstante, una nueva exigencia operativa para las compañías que buscan poner en marcha la explotación petrolera.
Rockhopper reconoció expresamente las sanciones argentinas
El reconocimiento de la empresa constituye uno de los principales antecedentes del conflicto.
En el comunicado publicado el 5 de octubre, Navitas informó a sus inversores que el Gobierno argentino continuaba sus actividades destinadas a imponer sanciones a participantes del proyecto Sea Lion y de otras operaciones desarrolladas en Malvinas.
La compañía también hizo referencia a declaraciones públicas de un contratista que había decidido no prestar servicios en la zona.
Frente a esa situación, la operadora señaló que se encontraba trabajando para sustituir a dos contratistas y realizar los ajustes necesarios para continuar con el proyecto.
El documento confirma que la controversia con la Argentina dejó de limitarse exclusivamente al plano diplomático y pasó a formar parte de las consideraciones operativas y comerciales de las empresas involucradas.
La relación entre las medidas argentinas y la necesidad de reorganizar contrataciones fue reconocida por la propia operadora, aunque no se encuentra demostrado que esas medidas expliquen por sí solas toda la caída bursátil.
Sea Lion: un proyecto petrolero multimillonario en aguas disputadas
El centro de la controversia es Sea Lion, un proyecto ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El desarrollo está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que buscan explotar recursos hidrocarburíferos en una zona marítima cuya soberanía reclama la Argentina.
En diciembre de 2025, las compañías aprobaron la decisión final de inversión para avanzar con el proyecto, cuyo presupuesto inicial supera los USD 2.000 millones.
La primera etapa contempla la recuperación de aproximadamente 170 millones de barriles de petróleo y una capacidad máxima proyectada de 50.000 barriles diarios.
Las tareas de perforación están previstas a partir de 2027, mientras que el comienzo de la producción comercial se proyecta para 2028.
Para la Argentina, las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas constituyen decisiones unilaterales sobre recursos naturales ubicados en un espacio sometido a una disputa de soberanía reconocida internacionalmente.
Milei llevó el conflicto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar
La controversia sumó un nuevo capítulo el 13 de octubre, cuando el Gobierno argentino presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
La presentación busca impedir el avance de las actividades petroleras vinculadas con Sea Lion mientras continúa el procedimiento arbitral iniciado contra el Reino Unido el 28 de septiembre.
La Argentina pretende que se suspendan las actividades de explotación, que no se otorguen nuevas autorizaciones que agraven la controversia y que se protejan sus derechos sobre los recursos de la plataforma continental.
También plantea el riesgo de que las perforaciones provoquen modificaciones irreversibles en el lecho marino y afecten recursos naturales no renovables.
El pedido no implica que el Tribunal del Mar vaya a resolver la soberanía sobre las islas, sino que deberá evaluar si corresponde adoptar medidas urgentes respecto de las actividades cuestionadas.
Un conflicto con consecuencias empresariales y financieras
Las dificultades con contratistas, la volatilidad bursátil y la presentación argentina ante el Tribunal del Mar configuran un escenario de mayor incertidumbre para las empresas involucradas en Sea Lion.
Rockhopper y Navitas mantienen sus planes de desarrollo, pero deberán resolver los problemas contractuales reconocidos públicamente y afrontar los riesgos jurídicos asociados al conflicto.
Para el Gobierno argentino, impedir la explotación no autorizada de hidrocarburos constituye una parte central de su estrategia de defensa de los derechos soberanos sobre los recursos naturales de Malvinas.
La evolución del proyecto dependerá de factores financieros, técnicos, jurídicos y comerciales, además de las decisiones que adopten los tribunales internacionales.
Por ahora, la caída bursátil de Rockhopper y el reconocimiento de la necesidad de reemplazar contratistas muestran dificultades concretas para el proyecto petrolero, en un contexto de creciente presión argentina sobre la explotación de recursos en Malvinas.
Rockhopper Exploration — Comunicado oficial del 5 de octubre de 2026. Confirma la presión sancionatoria argentina y la sustitución de dos contratistas.
Rockhopper Exploration plc
Sharecast — Historial bursátil de Rockhopper. Permite verificar la caída del 39,9%, la jornada del 5 de octubre y la recuperación posterior.
Sharecast.com
Yahoo Finanzas — Cotizaciones históricas. Registra los precios de septiembre, incluida la cotización de 80 peniques del día 2.
Yahoo Finanzas
Associated Press — Argentina llevó el conflicto petrolero al Tribunal del Mar. Publicación del 13 de octubre sobre la presentación argentina y las posiciones de ambos gobiernos.
AP News
Rockhopper — Decisión final de inversión en Sea Lion. Documentación empresarial sobre inversión, producción y cronograma del proyecto.
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