Existe un fondo específico para frenar inundaciones, pero los recursos que lo conforman están siendo canalizados hacia el Tesoro nacional en lugar de ejecutarse en obras de prevención. La situación revela una brecha fundamental entre lo que la normativa legal prescribe y lo que efectivamente ocurre en la asignación presupuestaria.
El problema no es la falta de dinero. Los fondos están allí, disponibles. El déficit es de otra índole: no existe la decisión política de utilizarlos para lo que expresamente la ley manda. Mientras tanto, el capital que debería convertirse en infraestructura se destina a financiar otras áreas del presupuesto estatal.
Este mecanismo de desvío de fondos ilustra una práctica frecuente en la administración pública argentina. Los fondos especializados creados para objetivos determinados se ven presionados constantemente por necesidades fiscales más urgentes. El resultado es que recursos que deberían estar protegiendo poblaciones vulnerables terminan siendo absorbidos por el financiamiento general del Estado.
Las implicaciones son significativas. Las obras de infraestructura que podrían mitigar riesgos de crecidas de agua permanecen inconclusa. Las poblaciones expuestas a inundaciones no acceden a las defensas que legalmente deberían existir. La prevención, que es más eficiente que la reacción posterior a desastres, queda sistemáticamente postergada.
Este caso pone de relieve la necesidad de mecanismos más fuertes de protección para fondos etiquetados. Sin controles efectivos que resguarden su destinación original, los fondos especiales quedan como rehenes de coyunturas fiscales. La brecha entre ley y práctica se perpetúa, dejando sin resolver problemas estructurales como la vulnerabilidad ante inundaciones.
Imagen: cottonbro studio / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
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