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La causa que derivó en la prisión preventiva de un médico y un enfermero de la localidad santafesina de Acebal por suministro ilegal de fentanilo y morfina nació de las auditorías de PAMI, que detectaron la facturación de prestaciones nunca realizadas, incluso a afiliados fallecidos.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, enmarcó el hallazgo en el nuevo esquema de auditorías permanente que realiza el Instituto: «A raíz de que nosotros revitalizamos toda la gerencia de auditoría y empezamos a hacer todos estos controles, empiezan a aparecer todos estos desvíos que básicamente se puede resumir en que son prestaciones que se cobran y que no eran realmente dadas». Sobre este caso puntual, precisó que el profesional «ha hecho prestaciones a un afiliado, que había fallecido y que tampoco era de esa jurisdicción, era de Córdoba».

En la misma línea, el subdirector ejecutivo, Carlos Zamparolo explicó que «ponemos umbrales donde en el sistema nos sale que no pueden tener tanta cantidad de consultas, tanta cantidad de prácticas», controles que no se activan solo por la exageración en los números, «sino por criterio médico».

A esas irregularidades se sumó, en el marco de la causa judicial, el hallazgo de 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 de clorhidrato de morfina, además de insumos médicos que, según los fiscales, habrían sido desviados del canal lícito de comercialización. 

Leguízamo se refirió a ese punto como un factor que agravó el expediente: «tenemos ese agravante también, también se encontró todo eso, entonces la verdad que ya tomó un cariz la denuncia que ya es muy importante».

Ambos funcionarios remarcaron que no se trata de una práctica generalizada. «Son 8.000 médicos de cabecera que tenemos, entonces no son los 8.000», aclaró Leguízamo, que recordó que el Instituto ya dispuso «70 bajas de contratos de otras irregularidades».