El municipio de Pilar, gobernado por el intendente kirchnerista Federico Achával, quedó en el centro de la polémica tras la implementación de una reforma tributaria que impacta directamente en el consumo masivo. A través de una modificación en la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la gestión local transformó la «Tasa de Protección Ambiental», que hasta noviembre se cobraba mediante un esquema de montos fijos, en un gravamen variable. Esta decisión aplica ahora una alícuota sobre el total de las ventas, encareciendo los tickets en supermercados y mayoristas y generando un aumento inmediato en los precios que pagan los vecinos.
La normativa, vigente desde el 1° de diciembre, establece que los grandes centros comerciales, hipermercados y cadenas de distribución deberán tributar un 2% sobre su facturación neta de IVA por cada operación realizada. En la práctica, esto elimina el sistema de módulos anterior y lo reemplaza por un porcentaje directo sobre la actividad económica. Distintos tributaristas advirtieron que esta maniobra funciona como una suerte de «Ingresos Brutos municipal» encubierto, generando una doble imposición que presiona sobre la estructura de costos de los comercios formales.
La reacción del sector privado fue inmediata. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresaron su rechazo a la medida, alertando que los márgenes de ganancia del sector no permiten absorber este nuevo costo fiscal. En consecuencia, las empresas anticiparon que el gravamen se trasladará linealmente a las góndolas. Esto implica que una familia que realice su compra mensual en Pilar pagará más caro por los mismos productos que si los adquiriera en un distrito vecino que no aplique esta sobretasa.
La medida llega en un momento crítico para el bolsillo de los contribuyentes, coincidiendo con el pico de consumo estacional por las fiestas de fin de año. Mientras desde la oposición local denuncian la «voracidad recaudatoria» de la administración de Achával, los comerciantes advierten sobre una pérdida de competitividad frente a otras localidades. El cambio en las reglas de juego no solo afecta el poder adquisitivo de los consumidores del partido, sino que ha generado un clima de tensión con el sector productivo, que ve en esta tasa una barrera para la actividad comercial.
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